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Casa Miedo, el verano de las alarmas

Grandes empresas, bancos y la derecha mediática llevan a cabo desde hace meses una agresiva operación contra la ocupación de viviendas, que estigmatizan a través de una campaña que busca infundir inseguridad y miedo en la ciudadanía. Lo hacen desde los medios, como demuestran los reportajes publicados en El Mundo y El Español, o mediante la cobertura alarmista y matutina del programa Espejo Público, de Antena 3. Lo hacen desde el Congreso, donde PP, VOX y C’s han presentado varias propuestas de ley durante los últimos meses para endurecer el Código Penal y “proteger la propiedad privada”. Y, cómo no, lo hacen en el ámbito comercial, con sendas campañas de publicidad y venta por parte de Movistar Prosegur Alarmas, por un lado, y La Caixa y Securitas Direct, por el otro. La maniobra tiene por objetivo acusar al gobierno de coalición de connivencia y acabar con el reconocimiento social de las entidades en defensa del derecho a la vivienda, una campaña que criminaliza a quien, ante la situación de verse desahuciado, decide ocupar.

El momento escogido para toda esta misión de acoso y derribo no es casual. En Barcelona, concretamente, los últimos años han florecido sindicatos de vivienda en diversos barrios, que dan respuestas rápidas y locales cuando hay un desahucio, ya sea para pararlo o para dar una solución habitacional a la familia despojada de su hogar. Además, a nivel legal, la lucha de estas entidades hace tiempo que ha empezado a recoger frutos, con la Ley 24/2015, en su momento y, más recientemente, con los avances para la regulación de los precios del alquiler, que apoyaron CUP, CeC, ERC y parecía que también JxC, aunque ya se verá si es así porque en el partido andan divididos al respecto…

Por otro lado, la fuerza de las entidades en defensa del derecho a la vivienda ha crecido los últimos años y a la PAH le acompaña el Sindicat de Llogateres. Además, ambas organizaciones se han extendido por todo el Estado. Lucía Delgado, portavoz de la PAH, asume que en la plataforma hay preocupación por esta campaña, que intenta deshacer “todo el camino” que han hecho, durante tantos años, “reivindicando la ocupación de pisos propiedad de los bancos para alojar a familias desahuciadas o sin recursos”. Esa ha sido la gran victoria de las plataformas en defensa del derecho a la vivienda, conseguir que la opinión pública aprobase la ocupación como método de resistencia pacífica ante la mercantilización y especulación del mercado inmobiliario. Y esa aceptación social está, ahora, más en peligro que nunca debido a la campaña del miedo.

 

No poder dormir

Mari (nombre ficticio) intenta conciliar el sueño en su cama, en el barrio de la Florida de L’Hospitalet de Llobregat. Está algo agitada y le cuesta dormir. Tampoco ayuda este calorazo. Estamos en plena canícula de un verano extraño, probablemente el más extraño de todos, también para Mari y su marido Luis (nombre también ficticio). Los hijos hace años que abandonaron el nido y el matrimonio se entretiene cuidando nietos y viendo la vida pasar, como todo anciano. Medio confinados, reduciendo su movilidad e interacciones sociales como mandan las autoridades, Luis y Mari pasan más tiempo que nunca viendo la tele. Mari es de esas personas que le da muchas vueltas a todo, y desde hace unos días hay una cosa que le ronda la cabeza.

Lo ha oído mucho. En la tele, de boca de sus vecinos y también en el banco. Se siente insegura porque tiene miedo que alguien entre a ocupar su casa cuando no están, o por la noche. Así que no puede dormir, porque “¡Ay, menudo calor!” y porque tiene miedo de los ocupas. Quisiera poder taparse con la sábana, eso le daría una extraña sensación de seguridad, como cuando éramos unos renacuajos y creíamos que así el Coco no se nos llevaría. Pero claro, ¡a ver quién se tapa con este calor! ¡Y con lo de los ocupas! Así que no puede dormir.

En la periferia norte de Barcelona, en Badalona, una familia tampoco puede conciliar el sueño. El bebé llora cada vez que oye la sirena de los Mossos d’Esquadra. Es demasiado pequeño para relacionar conceptos, pero el inconsciente le pone sobre aviso. Ese sonido, el de las sirenas, ha sido siempre el preludio de un desahucio. Así que el crío no puede dormir, porque una patrulla pasa por debajo de su casa con la sirena encendida, aunque esta vez no va a buscarlos a ellos. Y tampoco pega ojo la familia, claro… Ocupan una casa y quién sabe si la siguiente sirena de los Mossos que oigan sí irá por ellos.

En el Estado español hay 25.208.622 viviendas —contando las principales, las secundarias (3,6 millones) y las vacías (3,4 millones)—, según los datos más actualizados del INE, del censo de 2011. Según las cifras publicadas por La Vanguardia, se produjeron 14.621 ocupaciones ilegales en 2019. Con una simple regla de tres se deduce que, en 2019, solo el 0,0580% de las viviendas españolas estaban ocupadas. En Catalunya, y según los datos recogidos en el Informe sobre la ocupació de l’habitatge buit a Barcelona, publicado por la Obra Social —entidad en origen vinculada a la PAH hasta 2016, y dedicada a ocupar bloques enteros y vacíos propiedad de los bancos—, el 82% de los pisos ocupados son propiedad de grandes tenedores (un 70% de ellos, bancos). En el informe la entidad muestra que un 70% de los ocupas son familias sin recursos, de las cuales un 60% había solicitado un alquiler social antes de ocupar. Estas cifras no las conoce la Mari, y cabría preguntarse si su miedo sería menor si las conociese.

 

Aquí viví

En el barrio de Can Serra, precisamente muy cerca de donde vive Mari, una chica afronta el momento de independizarse de sus padres. Ya se ha hecho mayor y quiere vivir, por fin, sola. Está muy ilusionada. Sus padres tienen un piso en propiedad en el barrio y justo ahora vence el contrato de alquiler de la familia que lo habita. Así que los padres lo tienen claro, no renovarán ese contrato, y así el piso de Can Serra quedará libre para su hija. Es la opción más lógica, visto el precio de los alquileres, que no baja.

Así es como Khadija y sus hijas se quedaron sin casa: la propietaria decidió no renovar el contrato que tenían, después de más de cinco años viviendo allí sin ningún problema. Sin apenas recursos y superviviente de maltrato por parte de su marido, la única alternativa habitacional que ofrece el Ayuntamiento de L’Hospitalet para Khadija y sus hijas es el realojo provisional en una pensión, en la que apenas están unas semanas. Los servicios sociales se desentienden y la familia se ve en la calle. La PAH le da bombo al caso, pero no sirve de nada. “Buscad algún familiar o algún amigo que os acoja, nosotros no podemos hacer más”, les dice el asistente social. Así que Khadija y sus hijas se ven desamparadas por la ley y por la administración, y cargando con la deuda por las semanas que vivieron en la pensión.

Nayat es activista, tiene alma de luchadora, es implacable. Y está acogiendo en su casa del Raval de Barcelona a Khadija y a su familia. Me invitan a comer cuscús. No están solas. Nayat acoge a más personas que han sido desahuciadas y que no tienen otra alternativa habitacional que su propia hospitalidad. Nos sentamos alrededor de la mesa, mientras Khadija termina de amasar y emplatar un majestuoso cuscús con pollo, cebolla, ciruelas y garbanzos. “No lleva piñones, que no somos ricas”, apunta Nayat.

Khadija insta a los comensales a que se atiborren a cuscús sin vergüenza y que disfruten los sabores. En la mesa, mientras se come, la conversación se aleja de las cuestiones más políticas (no se habla de desahucios u ocupaciones) para abrazar temas costumbristas, rutinarios, maravillosamente triviales, como por ejemplo las variaciones en la manera de elaborar el cuscús, según su ingrediente principal y la zona.

Habiendo comido ya, ahora sí, les pregunto:

—Y ahora, aquí en casa de Nayat estáis bien, pero supongo que no será para siempre.

—No, claro —contesta Nayat.

—¿Y qué pensáis hacer?

—Pues lo de siempre, habibi, un desalojo, una ocupación —responde al momento Nayat, que sonríe de oreja a oreja.

 

Pon una alarma en tu vida

A mediados de septiembre de 2019, Telefónica anunció que había comprado la mitad del negocio de alarmas de Prosegur por 300 millones de euros. Firmado el acuerdo, en marzo de 2020 se presentó Movistar Prosegur Alarmas con una agresiva campaña comercial, 45 euros al mes sin cuota de alta ni permanencia. Se acercaba el verano, época del año en que se venden más alarmas, porque es necesario proteger la primera residencia durante las vacaciones, y había que recortar distancias con el otro gigante del sector en el Estado, Securitas Direct, que controla el 50% del mercado gracias a su acuerdo comercial con La Caixa.

Hace ya unos años que desaparecieron las antiguas oficinas de La Caixa. Ahora se llaman Caixa Store. Iluminación escasa, poco mobiliario y mucho espacio. Sofás y lámparas dan una extraña sensación, como de salón de casa pija. O quizás parece más bien una tienda de muebles con las luces apagadas. Completan el paisaje de las Caixa Store algunos ordenadores portátiles, que presiden atriles dispuestos a lo largo y ancho de la oficina, y un trabajador de la entidad que habla con una anciana. La señora trae un fajo de billetes, que gustaría ingresar en su cuenta corriente. El trabajador se sorprende al ver algo tan exótico como dinero en efectivo y le pregunta a la señora si tiene más en casa. Sí, tiene. Pero le da reparo ingresarlo todo. El trabajador insiste que una casa no es lugar para guardar dinero, que lo traiga al banco que, si no, puede que “le entren en casa”. Ante las dudas y reticencias de la señora, el trabajador de la oficina inquiere: “Al menos tendrá instalado un sistema de alarma en casa, ¿no?”.

No solo La Caixa, el pastel de las alarmas de Securitas Direct se reparte entre otros comensales de renombre, como la familia March, que a través de su emporio, la Corporación Alba, compró en abril de 2019 el 7,5% del grupo sueco Verisure (matriz de Securitas Direct) por 557 millones de euros.

Hablo del negocio con Manel (nombre ficticio), que trabaja en una oficina de La Caixa en Barcelona. Me atiende por videoconferencia, después de la jornada laboral, ataviado con una camiseta del gimnasio. Habla llano y coloquial, alejado de las formas técnicas y pulidas que se estilan en su puesto de trabajo.

—¿Han aumentado las ventas de alarmas los últimos meses en la oficina donde trabajas?

—Sí, sí, sí, muy exagerado, desde hace año y medio la contratación de sistemas de alarma se ha disparado.

—¿Cómo funciona la venta? ¿Es activa o pasiva?

—No se suele hacer venir al cliente expresamente para el tema de la alarma, sino que se aprovecha para venderlo como servicio adicional. Cuando se trata con un cliente, se repasa toda su situación y aprovechamos para sacar el tema. “Ey, ¿tienes alarma, tienes segunda residencia, vives solo…?”, dependiendo del perfil que tenga el cliente.

—Para conseguir estas ventas, ¿recibís por parte de la empresa directrices o protocolos de venta?

—Un protocolo como tal, no. Sí recibimos a nivel interno de empresa muchas formaciones técnicas, de producto. Pero al final cada uno lo vende como sabe, sin decir burradas, claro, has de saber lo que tienes sobre la mesa.

—¿Para vender los servicios de alarmas, recibís directrices diferentes a cuando, por ejemplo, toca vender seguros?

—No especialmente, pero sí que en el caso de las alarmas potenciamos el hecho que Securitas es líder en el mercado y que tiene la respuesta más rápida para avisar a la policía, sus puntos fuertes, vaya.

—¿Qué peso tienen los argumentos del miedo y la inseguridad cuando vendéis un servicio de alarma?

—Tienen un peso importante, claro. Al final, que juegues con que… que hagas ver a la gente que tú puedes sufrir una ocupación en tu casa, en una casa que has pagado durante muchos años y que una persona en un día o dos te cambie la cerradura y pase a dejar de ser tuya… pues eso preocupa bastante. Y mucha gente conoce casos, se lo cuenta una vecina, un familiar…

—¿Viene mucha gente preocupada diciendo que ha visto casos en la tele, por ejemplo?

—Sí, más que nada porque últimamente se está haciendo mucho bombardeo de publicidad en tele, radio, está el tema de Movistar Prosegur, que está metiendo mucha caña.

—¿Tenéis objetivos de venta mínimos de sistemas de alarmas, como trabajadores individuales?

—Sí, objetivos anuales. Fluctúan dependiendo del año, de la campaña, del acuerdo al que se llega con Securitas, al final es un convenio de colaboración entre empresas.

—¿Qué pasa si no llegas al mínimo del objetivo anual de ventas de alarmas?

—Pasar, pasar, no pasa nada. Pero vaya, hay que hacer lo posible para llegar.

—Pero si no llegáis al mínimo, ¿veis reducida vuestra retribución?

—Sí, sí, así es.

—¿Es fácil llegar a ese mínimo anual?

—No, no, no es fácil llegar al mínimo, ya te lo digo ahora. Parece que sea pim-pam, pero una alarma no es tan fácil de hacer. Al final ha de cuadrar la casa, el perfil, que el cliente lo pueda pagar… al final son 50 euros al mes y hay gente que vive muy al día. El precio es lo que más hace tirar para atrás al cliente.

—¿Qué otras cosas hacen que el cliente no se decida por instalarse una alarma?

—Además del precio, que muchos no lo ven necesario. Siempre han estado sin alarma, nunca les han entrado a robar y así van tirando.

—Desde que no se venden tantas hipotecas, ¿qué peso tiene para vosotros la venta de servicios como seguros o sistemas de alarmas?

—Yo en La Caixa solo llevo trabajando un par de años, pero sí es verdad que, por lo que explican compañeros que llevan más tiempo, el banco, debido a la situación de la economía europea y con los tipos de interés en negativo, pues ha tenido que reinventarse con la venta de seguros, que es un pilar muy potente, y con los demás extras que ofrecemos, como rentings o las mismas alarmas.

Comerciales ‘sexys’ en tu zona

En la página web de Securitas Direct hay un aplicativo para calcular online, “en menos de un minuto”, el presupuesto para instalar una alarma en tu domicilio o negocio. Efectivamente, en un minuto te formulan una serie de preguntas básicas para calcular un presupuesto. Lo último que te piden es introducir el código postal y el teléfono de contacto. Nada más acabar, la web redirige a un vídeo, que te piden, porfa, que te quedes a ver. Dura apenas un minuto. Este vendría a ser el guion del vídeo:

INTERIOR. DÍA.

[Ambiente de oficina. Mucha luz. Diafragma abierto a morir, fondo desenfocado].

[Un hombre de mediana edad, sonriente y seguro de sí mismo, camina hacia cámara en diversas localizaciones de la oficina. Viste de gris].

—Muchas gracias por contactar con nosotros. Con las preguntas que ya has contestado hemos comenzado a preparar tu estudio de seguridad. Una persona del equipo de asesores ya tiene tu información…. 

[Se sienta en un escritorio y sonríe a la trabajadora que tiene al lado]. 

—…Y se pondrá en contacto contigo en breve para completar tu estudio, ya que hay algunos datos que, por seguridad, solo debes facilitarnos por teléfono. La normativa de seguridad privada exige que la instalación de un sistema de alarma se realice tras valorar presencialmente las características de tu vivienda y el nivel de seguridad requerido. Por eso, es necesario que hablemos contigo para comenzar a diseñar tu presupuesto personalizado. Tu asesor contactará contigo muy pronto…

¡COOOOORTEN!

Porque, exactamente, pero exactamente en ese momento, me llaman al móvil.

Ignoro la primera llamada porque ni siquiera he acabado de ver el vídeo, pero insisten al segundo:

—Muy buenos días, mi nombre es **** y le llamo de Securitas Direct.

Vaya.

—Buenos días, sí, estaba curioseando en su página web, y como vi el aplicativo para calcular el presupuesto de una instalación de alarma en un minuto, pues lo hice y eso, la verdad es que no pensaba que esto iría tan rápido…

—¿Quisiera usted instalar una alarma en su casa?

—Bueno, en realidad era solo curiosidad por saber cuánto cuesta…

—¿Ha habido algún robo u ocupación en su zona?

—No, que yo sepa…

—…pero en los medios sí ha visto casos de robos y ocupaciones, ¿no es eso?

Tras apelar a los tópicos de la alarma social por sensación de inseguridad, la comercial insiste en que, para que sepa cuánto costaría la instalación de una alarma, ha de visitar mi domicilio. “Está de suerte, porque aún siendo agosto, ahora mismo hay un comercial por su zona que podría visitarle inmediatamente”. Así que corto, más o menos en seco, aduciendo la imposibilidad de atender en ese momento, ni hasta no sé cuándo, a sus comerciales; y que, si finalmente me interesa, ya les llamaría yo. Antes de colgar, en su tercer intento para que acceda a la visita del comercial, al otro lado del teléfono se pronuncia el claim final de este improvisado anuncio de televisión: “De acuerdo, Gerardo, pero tenga en cuenta cuál es la situación actual respecto al tema de las ocupaciones… ¿Está usted de vacaciones ahora mismo?”.

 

Si no tuviste suficiente con manteros y carteristas, este verano llegan las ocupaciones

—Entonces, ¿les preocupa que les entren en casa? —dice un comercial de Securitas Direct en la pantalla de la tele—. Ahora mismo comienzo la instalación de la alarma.

—Bueno, nos preocupa que nos la ocupen —responde, con gesto grave, el actor que interpreta el papel de padre de familia.

“Es solo un anuncio —piensa Mari—, pero sí es verdad que me podrían entrar en casa”. Tres o cuatro anuncios después, vuelve Espejo Público, magazine matinal de Antena 3 que lleva informando sobre ocupaciones desde hace semanas. Lo hacen desde el punto de vista del propietario, apelando al derecho de la propiedad por encima del derecho a una vivienda digna. La presentadora asume, en la entrada al tema que hace hoy, que existe un “vacío legal que ampara, en parte, la ocupación de viviendas”. Ante este supuesto vacío legal, la unanimidad de los contertulios de Espejo Público apuesta por “endurecer la ley para proteger la propiedad privada”.

Sin embargo, la legislación al respecto ya es amplia, y severa. Las ocupaciones se juzgan según dos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el Código Penal, respectivamente. El primero, a través del artículo 250 de dicha ley, que fue modificado en 2018 por la llamada “Ley de desahucios exprés”. Esta modificación agiliza el proceso de evacuación de las personas ocupantes, siempre que la propiedad del inmueble no sea de un banco u otra empresa comercial con ánimo de lucro. La mayoría de las denuncias por ocupación se resuelven por esta vía, civil y no penal, que no conlleva penas de cárcel, sino multas.

La segunda vía para los denunciantes está recogida en el artículo 245 del Código Penal. En él se habla de delito de usurpación, es decir, que se pueda demostrar violencia o intimidación hacia las personas por parte de los ocupantes. Aunque menos común, esta vía es mucho más perjudicial para las personas que ocupan, ya que conlleva penas de cárcel de hasta dos años, la persona denunciada ha de pagar los costes del juicio si lo pierde y, además, queda reflejado el delito de usurpación en sus antecedentes penales, con el perjuicio que ello supone para encontrar un trabajo con el que pagar un hipotético alquiler.

Pero Mari no tiene ni idea de la existencia de esos artículos, y da por bueno el argumento que se esgrime en ese programa de televisión. Es el mismo argumento que algunos diarios como El Mundo y El Español llevan repitiendo hace semanas, en una cobertura parcial e interesada de las ocupaciones de inmuebles. En El Español, por ejemplo, han dedicado veinte artículos al tema desde finales de junio. En el mismo lapso de tiempo de 2019 —del 20 de junio al 12 de agosto—, solo fueron cinco noticias las que el diario publicó sobre temas relacionados con la ocupación.

Entre los titulares, destacan expresiones o adjetivos como “la ley del ‘okupa’ triunfa”, “la ‘okupa’ de Colau”, “irrisoria multa a ocupas”, “familia se queda sin vacaciones”, “mafias ocupas”, “drama ‘okupa’”, “así ayuda la ley al ocupa”, “la ‘pesadilla’ de los extranjeros como Jorn: compran una casa en España y la ocupan”. En El Mundo y en ABC se han volcado más en cubrir las cuatro proposiciones de ley presentadas durante el mes de julio por PP, C’s y VOX para endurecer la ley, no sin ahorrarse apelativos como el de “lacra” cuando se habla de ocupaciones.

Sin embargo, Mari no lee prensa y solo se informa a través de vecinos, amigos, y de la tele. Así que volvemos a Espejo Público, pues ninguno de sus contertulios parece conocer esas dos leyes que sirven para juzgar las ocupaciones, y repiten una y otra vez que los propietarios están desamparados y los ocupantes, sobreprotegidos por la ley y por “algunas alcaldesas”. Desamparo ante la ley, desprotección por parte de las administraciones, ante lo que solo cabe la reacción individual para hacer frente a la inseguridad. El blindarse, protegerse contra la pobreza.

Conexión con Leganés, barrio de la Fortuna. Desde hace días, los vecinos se manifiestan cada tarde porque aseguran que hay muchas viviendas ocupadas. Explican que los ocupas son violentos, que intimidan a los vecinos y que se sienten inseguros. Acusan a los ocupas de robar.

—¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!

A la reportera de Espejo Público le faltan manos para tomar tantas declaraciones entre los vecinos, que se agolpan para emitir su denuncia ante el micro. Una señora se queja que sus vecinos de arriba son ocupas y que hacen nosequé y que “Mira qué humedades tengo”:

—¿Y a usted le da un poquito de miedo a lo mejor que entren en su casa y se la ocupen?

—Sí, sí, sí, de hecho es que no me voy a ir a ningún sitio, ¡no te digo más!

—¿No se va a ir de vacaciones por ese temor, no?

—No, no, claro, porque mi hija está conmigo trabajando y se va a las seis de la mañana y lo mismo, cuando vuelva, sepa Dios quién hay en casa… porque como tienen tantos derechos… metedles en la cárcel o hacedles algo… se sienten con muchos derechos, más que los propietarios… yo toda la vida trabajando y ahora que venga un hijo de Satanás…

La conexión con el barrio de la Fortuna, en Leganés, da para más. La reportera hila un testimonio con otro explicando que algunos ocupas lo son “por necesidad, pero no todos”. El siguiente testimonio opina en la misma línea, y pronuncia la frase “Viven de las ayudas y de aprovecharse de la gente”. La pieza acaba con el siguiente testimonio:

—Joder, es que vienen a robar a nuestros niños… yo hablo con mis amigos de aquí, del barrio de toda la vida, y todos me dicen lo mismo: “Como se me metan a mí, los mato”.

Volvemos a plató y la presentadora de Espejo Público zanja el tema ocupaciones para pasar a hablar de la reina Sofía, que ha ido de compras.

 

El negocio del miedo

El miedo y la inseguridad ciudadana son un constructo social que no está relacionado directamente con las amenazas delictivas, sino más bien con el peso mediático y político. Desde 2000, los dos grandes partidos españoles han protagonizado reproches por supuesta pasividad hacia la delincuencia y promesas electorales para el endurecimiento del Código Penal. Lo cierto es que el Código Penal español ya es bastante duro, en comparación al de sus vecinos europeos.

El Código Penal franquista fue vigente en el Estado español hasta 1995. Desde entonces, más de una treintena de revisiones han hecho que la duración de las penas aumente, han extendido las conductas sancionables y han dificultado la aplicación de alternativas de reinserción, según el informe de 2015 del Observatorio del Entorno Penitenciario de la Red de Organizaciones Sociales del Entorno Penitenciario (ROSEP).

El resultado de este endurecimiento progresivo del Código Penal ha conllevado que en 1975 hubiera 8.440 personas presas en el Estado, mientras que, en marzo de 2020, haya 48.184 —habiéndose reducido bastante a causa de la pandemia, ya que en 2017 eran 60.203—. Las cárceles españolas están llenas a rebosar. En 1996 la media de una condena era de 9,7 meses; en 2010, de 18 meses; muy por encima de la media europea.

En general, en el Estado, la duración de las penas es más del doble que la media europea, por lo que no resulta extraño que la población penitenciaria se haya multiplicado por ocho en cuarenta años. Este panorama se hace aún más perturbador al comparar la evolución de la tasa penitenciaria con la evolución de la tasa delictiva: no muestran correlación. La población penitenciaria crece, pero la criminalidad, no. El Estado español es uno de los países de la Europa occidental en el que menos delitos se cometen, pero es el tercer país con más población encarcelada, un 34% por encima de la media, más del doble que Suecia, Finlandia o Dinamarca. Siempre según el informe de 2015 de ROSEP, la tasa de delincuencia es del 43,8 (es decir, 43,8 delitos por cada 1.000 habitantes), un 27% inferior a la media europea.

La receta que proponen PP, C’s y VOX para acabar con las ocupaciones es, sin embargo, el endurecimiento de las penas. Para que la opinión pública los apoye, es mandatario instalar esa sensación de inseguridad, ese miedo.

Mari y Luis se han instalado una alarma, en su piso del barrio de la Florida de L’Hospitalet de Llobregat. No se conocen robos en su finca, ni intentos de ocupación, pero cuando instalen la alarma, estarán más seguros, piensan. Además, el pago está financiado por su banco (La Caixa), así que les parece todo más seguro así y, de hecho, fue su agente de toda la vida, el Sergio, quien les recomendó que se instalasen una, así que Mari se fía y se instalará una alarma y, quizás, podrá dormir mejor por la noche.

Mientras, aquel bebé que llora si oye la sirena de la policía pasa estos días, junto a su familia, en casa de Nayat. Junto a Khadija, su familia, y otras personas, tienen decidido ocupar. Le pregunto a Nayat detalles, pero es discreta y se sabe lo que se hace, así que me cuenta algunas cosas; y otras, no.

Como suele ser costumbre, abrir la puerta de la finca costará 1.000 euros, que le serán entregados a una persona de confianza, que con algunas sencillas herramientas de cerrajero abrirá la cerradura, desconectará la alarma, si la hubiese (y si no se desconecta, a hostias), y se irá con mil pavos en el bolsillo. Según pasan los días y el recuerdo del cuscús se pierde en la memoria gustativa, Nayat me pone al día en un audio de Whatsapp. Han intentado entrar en una finca, pero estaba en tan malas condiciones que han descartado la ocupación. “Si intentabas colgar un cuadro, se caía la pared”, cuenta Nayat. ¿Y ahora? Pues a seguir buscando. Cuando lo consigan, si es que lo consiguen, probablemente sigan sin poder conciliar el sueño por las noches, ya que el miedo a ser desalojados dormirá junto a ellos.

A Mari y a Luis les cuesta horrores configurar la alarma, analfabetos digitales ellos. Con el paso de los días, el matrimonio olvida el cacharro, ya que no saben con certitud si está o no conectado, y confían que el cartelito de Securitas Direct que el chico les pegó en la puerta sea suficiente para ahuyentar a los ocupas cuando vengan, si vienen. Por otro lado, Mari lleva unos días pensando que, si alguien quiere entrar a su casa, acabará entrando, y que quizás su violencia se vea acrecentada por el hecho que, nada más abrir la puerta, empiece a sonar una alarma. Atribulada por esas suposiciones y escenas, Mari sigue sin pegar ojo.

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