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Las 16 vulneraciones más frecuentes del derecho a la vivienda digna

Ponle que buscas un piso de alquiler en una gran ciudad. Ni de coña tienes los recursos necesarios para comprarte uno al coste de 4.250 € el metro cuadrado, que es la media de Barcelona en el tercer trimestre del año 2019. Decides formar parte, entonces, del 38 % de la población que vive de alquiler en la capital. ¿Qué te puedes encontrar buscando piso?

Para comenzar, y de manera sistemática:

1. Discriminación por clase social. ¿Cómo la juega un joven para presentar dos nóminas al propietario de un piso para alquilarlo (más aún habiendo un 31 % de paro entre menores de 25 años en España)? Y un autónomo, o un rider de Glovo/Deliveroo/UberEats, ¿qué nómina presenta? ¿Y qué hace una joven de una familia con pocos recursos para conseguir un aval de sus padres si no se lo pueden facilitar?

2. Racismo por parte de propietarios e inmobiliarias. Lo están detectando cada vez más en las asambleas del Sindicato de Inquilinas de los barrios y municipios en la cola de niveles de renta per cápita: propietarios y administradores de fincas que no ofrecen alquileres a personas migradas (aunque puedan demostrar recursos y avales para pagar) solo por el hecho de ser personas migradas. Destaca el caso de Mollet del Vallés, donde personas racializadas que han sufrido (y sufren) racismo inmobiliario se están organizando para llevar a cabo acciones de propuesta. Desde la asesoría jurídica de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña aseguran no tener quejas en este sentido, aunque años atrás sí que tuvieron, provenientes incluso del Síndic de Greuges.

Constitución española, Estatuto de Autonomía y Declaración Internacional de Derechos Humanos hablan del derecho universal a la vivienda digna. Es un derecho reconocido legalmente pero que, en los casos que lista este artículo, queda en una posición secundaria respecto al libre mercado.

La modificación de la Constitución española acordada entre presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de la oposición, Mariano Rajoy, en agosto de 2011 agravó esta situación. Después de cambiar el artículo 135 de la Constitución, el pago de la deuda pública pasaba por delante de cualquier otro gasto del Estado en los presupuestos generales, sin enmienda ni modificación posible. Por delante de asegurar derechos básicos, como el de la vivienda.

Vale, has conseguido que tu situación como joven precario, la imposibilidad de apoyo económico familiar o el color de la piel no influyan demasiado en la búsqueda de piso. Ahora, con las llaves en la mano, entras en tu nuevo hogar. Bienvenido. Pero nada más acceder a tu minúsculo lavabo notas un hedor importante. Humedades, puertas que no cierran, suministros dados de baja, falta de cédula de habitabilidad o –incluso– amianto en casa. Tu contrato no dice nada de eso, solicitas una carencia (dejar de pagar X meses de alquiler a cambio de que el inquilino se ocupe de algún tipo de obra menor en el domicilio), pero el propietario no te la concede, o se niega a pagar la reforma, o te amenaza con una subida de alquiler si la llevas a cabo o, sencillamente, te ignora.

Gracias a la presión del Sindicato de Inquilinas, las Plataformas de Afectadas por la Hipoteca y los colectivos de lucha por la vivienda digna en los barrios, el pasado mes de marzo se aprobó un real decreto (el 7/2019) que modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). La mejora, según el Sindicato, es palpable, aunque no todo lo que se podría esperar. Del nuevo texto legal se desprende una serie de derechos nuevos que puede que tu propietario no recuerde. Son prácticas que olvidan el nuevo decreto aprobado a principios de año y que, si le haces un buen repaso del contrato antes de firmar todo, se pueden evitar:

3. ¿Los gastos de los honorarios de la agencia inmobiliaria y la administradora? Los pagan los propietarios, siempre que sean grandes propietarios. ¿Qué significa esto? Gran propietario es todo aquel que tiene más de 1.250 metros cuadrados en propiedad o que es persona jurídica. Ajá, ¿y cómo sabemos cuántos metros cuadrados tiene? Pues no es fácil, como cabría esperar, tienes que ir al Registro de la Propiedad y averiguarlo. Pero si es una sociedad limitada, o cualquier otra figura jurídica, los honorarios también los pagan ellos. La Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña asegura que no se puede presumir que por el hecho de ser persona jurídica o tener más de 1.250 metros cuadrados, el propietario deba disponer de más capacidad económica y denuncian que en este sentido la modificación de la ley es arbitraria. 

4. Colarte falsas bonificaciones o carencias. Te dice el propietario que te hará un descuento los primeros años y que, por ejemplo, a partir del cuarto te cobrará 500 euros más. Pues no. El Sindicato de Inquilinas avisa que, para que una bonificación o una carencia sea legal, debe adaptarse a un motivo justificable, como unas obras hechas por la parte inquilina. 

5. Los contratos de alquiler para vivienda pasan a ser de cinco o siete años. Hay propietarios que se harán los longuis y te intentarán hacer firmar contratos de menos de cinco años, e irlos prorrogando. Desde la modificación de la LAU, los contratos de alquiler son de cinco o siete años, dependiendo si el propietario es un pequeño o un gran tenedor.

6. Los contratos no tienen por qué incluir actualizaciones en el precio del alquiler. La modificación de la ley aprobada en febrero no incluye esta obligación, es el contrato el que regula esto. De esta manera, si tu contrato no tiene ninguna cláusula sobre la actualización de la renta, no te pueden subir el precio del alquiler durante la vigencia de tu contrato. Si se pactan actualizaciones de la renta, pero no se explicita en el contrato cómo serán, se entiende que serán subidas relacionadas con el IPC. De hecho, si te quieren subir el precio del alquiler en estos términos, tienen que avisarte con 30 días de antelación, y por escrito.

Ok, todo el papeleo que tuviste que hacer cuando entraste a vivir a tu cubículo ya queda atrás. Con el tiempo, te sientes como en casa. Saneaste las humedades de la habitación y tuviste que pagar el recambio del calentador, porque el propietario se hizo el sueco. Ahora, años después, queda poco para que termine el contrato. No sabes si es necesario renovarlo, o firmar uno nuevo. O si pirarte y buscar un lugar mejor. Existen diferentes opciones:

7. Puedes irte del piso antes del vencimiento del contrato, y sin coste adicional. Ya hace más de seis meses que vives ahí, solo si decides irte antes de este período deberías pagar los meses restantes hasta llegar a los seis. Puedes marcharte cuando quieras, sin necesidad de alegar motivo. Pero el propietario te dice que debes pagar una indemnización o no te devuelve (parte de) la fianza por haberte ido antes de lo que dice el contrato. Pues no. No es legal.

8. La fianza se devuelve en 30 días. Una fianza que, por cierto, debe ser como mucho de una mensualidad más dos meses de garantías adicionales (garantías que deben constar en el contrato, si no, nada). Pero aquí entra la interpretación del propietario en valorar el estado del piso y aquello que se pudo haber firmado en el contrato. Es usual que el propietario interprete a la baja el estado en que se deja el piso y devuelva parte de la fianza, o nada de ella. 

El supuesto menos deseable de todos es que te quieras quedar, pero que no puedas pagar. Cosa que pasa a menudo:

9. ¿Me cobrarán alguna penalización? Si no lo dice el contrato, no. Si tu contrato sí habla de penalizaciones, las entidades en defensa de la vivienda digna recomiendan no pagarlas, ya que seguirás sin tener dinero para pagar las mensualidades atrasadas. Los servicios sociales y los colectivos en lucha por la vivienda ponen sus recursos a disposición de los afectados.

Desde la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña y el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona aseguran que las quejas que reciben por parte de los consumidores se centran en el tema del retorno de las fianzas, reparaciones que el propietario no quiere asumir y falta de cédula de habitabilidad. Sobre el resto de modificaciones de la LAU que se han listado, no han detectado ninguna queja o caso al respecto.

Más allá de esta relación desigual entre inquilino y propietario, una vez dentro de tu casa, hay otras empresas que fabrican exquisito papel de fumar con tus derechos.

10. Cortes de suministros a familias en situación de vulnerabilidad. Aunque la ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética es clara al respecto, sigue habiendo cortes de suministros a familias que tienen el informe de exclusión residencial. La Agencia Catalana de Consumo publicaba hace una semana que ha tramitado 151 multas a compañías energéticas por cortes en el suministro que vulneran el principio de precaución establecido en la ley 24/2015. Desde la Alianza Contra la Pobreza Energética (APE) llevan años denunciándolo –desde que entró en vigor la ley, básicamente– y recuerdan que son las suministradoras quienes deben dirigirse a servicios sociales a preguntar por la situación de la familia antes de efectuar ningún corte.

11. Las deudas de las familias en situación de vulnerabilidad siguen creciendo. Generalitat y suministradoras incumplen, de nuevo, la ley 24/2015. Son las suministradoras quienes deben pagar esta deuda y, como no se han firmado los convenios con la administración para hacerlo, no lo hacen. Fuentes de Endesa aseguran que su voluntad es firmar los convenios, que se está negociando con discreción con la Generalitat desde que terminó el verano y remiten al comunicado que hicieron público este agosto, en el que se comprometen a asumir la deuda a medias con las administraciones. La APE tacha la propuesta de lavado de cara y exige que la empresa costee el 100% de las deudas. Mientras tanto, las deudas siguen acumulándose, Endesa contabilizaba a junio de este año 21 millones de euros en facturas impagadas. Ante esta situación, las familias no ven manera de afrontar los pagos.

12. La Alianza Contra la Pobreza Energética denuncia que las empresas practican modificaciones en los contratos sin consentimiento oficial de sus clientes. Cambian los clientes del mercado regulado al mercado libre por medio de llamadas telefónicas o falsas visitas de un comercial que les asegura venir a realizar la lectura del contador. El mercado regulado permite al cliente contratar el precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC), con una potencia inferior o igual a 10 kW: el coste es mayor en las horas centrales del día y más bajo por la noche, lo que permite a las familias con pocos recursos concentrar el gasto cuando sale más barato. En el mercado libre no tienes derechos a acceder a los descuentos de los bonos sociales y el precio lo fija la compañía con la que contratas el suministro. Endesa asegura a deriva que no tiene constancia de estas prácticas y que, si la tuviera, actuarían “caso por caso”.

13. Los contratos se pueden renovar automáticamente. Ponle que te gusta donde vives y que te quieres quedar. Te lo has pensado y prefieres seguir en este acogedor cuchitril antes que empezar la odisea de una mudanza. Pero se termina el contrato. ¿Es necesario que firmes uno nuevo? No estás obligado. Una práctica denunciada por el Sindicato en estos casos consiste en intentar colarte trasteros y plazas de parking ficticias a la hora de firmar un nuevo contrato. Lo hacen a través de anexos al contrato en los que se notifica un aumento del precio por una duración de dos o tres años argumentado por el trastero o por el parking. Cuando toca hacer un contrato de nuevo, el Sindicato de Inquilinas denuncia que el propietario suele aprovechar para exigir un precio aún mayor por estos anexos.

Hace años que vives en tu piso de alquiler, pero tu situación económica te impide seguir pagando el precio de vivir en un barrio, muy probablemente en Barcelona, gentrificado. No puedes asumir el precio y decides pedir un alquiler social:

14. La ley 24/2015 obliga a los grandes propietarios a ofrecer un alquiler social que represente entre el 10 % y el 18 % de los ingresos –y a poder ser en la misma casa– si el motivo del desahucio es por impago de hipoteca o alquiler. Pides el alquiler social, pero no te lo conceden. Desde la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña y el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona aseguran que estos apartados de la Ley son más bien “manifestaciones de buena voluntad”, de muy difícil aplicación práctica porque no siempre está en disposición de ofrecer ese alquiler social, por falta de recursos.

Te asesoras y empiezas a luchar. Como no tienes para pagar (ya sea el alquiler o la hipoteca) y no te ofrecen el alquiler social, decides seguir en tu casa, ahora en situación de ocupación.

Semanas después de empezar esta resistencia, te visitan dos personas de la empresa propietaria del piso con dos agentes de los Mossos y te dicen que tienes que marchar.

15. Si no hay una orden judicial de lanzamiento, no salgas de casa. Solo te pueden desalojar con una orden de desalojo. Ni los avisos de la policía, ni burofax de las fincas exigiendo que devuelvas las llaves, ni avisos de los propios fondos buitres, ni de la empresa Desokupa ni del sursuncorda. A no ser que te hayan denunciado por la vía penal (que no suele pasar), el aviso de desahucio debe tener día y hora. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya continúa avalando desahucios en abierto (sin día y hora) aunque la última modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal lo prohíbe explícitamente; las plataformas en pro de la vivienda lo consideran prevaricación.

16. No se ofrece realojo digno a todas las familias que son desahuciadas. La ley 24/2015 obliga a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social a las familias en proceso de desahucio, ya sea por impago de alquiler o por ejecución hipotecaria. Si el desahucio es por ocupación, o por finalización del contrato de alquiler, o si se trata de un pequeño propietario, es la Administración quien debe encargarse del realojamiento. Y esta ley tampoco se cumple:

a) En ciudades como Barcelona, las familias afectadas van de pensión en pensión. Quedan pendientes de un piso de la Mesa de Emergencia Habitacional, que tiene una lista de espera de más de 500 familias. 

b) Otras ciudades, tales como L’Hospitalet de Llobregat o Sant Adrià de Besòs, solo ofrecen tres o cuatro días en una pensión. Después, búscate la vida.

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